Portugaleten eraila, 1975eko urtarrilaren 20an

2013-05-07

El círculo del olvido
El Tribunal Constitucional Español ha rechazado el recurso de amparo que presentamos por violación de nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, intentando cerrar el círculo del olvido.
Después del asesinato de nuestro hermano Víctor Manuel en al año 1975 en Portugalete, y del sobreseimiento de la querella presentada en 1977 ante la justicia española; después de haber intentado reabrir el caso durante la época de los gobiernos socialistas; después de haber perdido toda esperanza y de haber perdido por el camino a nuestros padres y  a nuestro hermano Ignacio, la Ley de Memoria Histórica de 2007 reconoció a Víctor como víctima del Franquismo.  Además reconoció que los familiares de las personas afectadas pudieran solicitar del Estado Español una declaración de reparación y reconocimiento personal, donde se hiciera constar que efectivamente fueron asesinados por razones políticas o ideológicas.

Una vez reconocido nuestro hermano como víctima del franquismo,  decidimos apelar a los tribunales para que fuese reconocido como víctima de un crimen de lesa humanidad en el contexto de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

En diciembre de 2011 formulamos la querella en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo, contra el cabo de la Guardia Civil Narciso San Juan del Rey por delito de asesinato y delito de lesa humanidad sin perjuicio de dirigirla por otros delitos y contra otras personas a lo largo de la intervención judicial. El día 22 de abril del año en curso, el Tribunal Constitucional nos  ha notificado la resolución de inadmisión a trámite de la querella contra Narciso San Juan en un sólo párrafo, "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo..."

Al igual que en el caso de Miguel Hernández, la Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español, no ha dado ningún tipo de argumento para rechazar el recurso de amparo, evitando la discusión de fondo. No han dudado al afirmar  que el asesinato de nuestro hermano no supuso la violación de un derecho fundamental. Este tribunal, al igual que la
Audiencia Provincial de Bilbao y el Juzgado de Instrucción  nº 4 de Barakaldo no han hecho absolutamente nada para evitar que los crímenes de lesa humanidad del periodo franquista queden impunes.

La decisión de no admitir el recurso de amparo ha sido adoptada por los magistrados Manuel Aragón Reyes,  Fernando Valdés Dal-Re y  Andrés Ollero Tassara. Los dos primeros propuestos por el PSOE al Tribunal constitucional, y el tercero propuesto por el PP, miembro del Opus Dei y exdiputado del PP en el Congreso. Aunque puede parecer sorprendente la coincidencia en la apreciación de los magistrados supuestamente progresistas con la del magistrados conservador, no hay que olvidar que han sido propuestos y elegidos para formar parte del Tribunal Constitucional por los partidos que se niegan a derogar la Ley de Amnistía de 1977, a pesar de que El Comité de Derechos Humanos de la ONU haya pedido a España la abolición de dicha ley,  por considerarla en contradicción con los tratados internacionales ratificados por el Gobierno Español. Obstáculo fundamental para poder enjuiciar los crímenes de lesa humanidad acaecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Podemos entender que el PP se niegue a abolir la ley de 1977, por que algunas personas con responsabilidades políticas hasta el año 1977  forman parte de su espectro ideológico, o han tenido responsabilidades políticas en el partido popular e instituciones hasta hace bien poco tiempo. Pero el caso del PSOE llama más la atención. Quizá el miedo a revisar el pasado, a aclarar cómo se gestó la transición del Franquismo a la supuesta democracia les atenace. Tienen tanto que sacar a la luz y tanto por lo que avergonzarse.
La Ley de Amnistía supuso la legitimación del régimen franquista por la incipiente democracia, así como la de las razones esgrimidas por el dictador para su existencia y la de los miles de asesinatos ocurridos durante el periodo 1936-1977, además de la equiparación de las razones políticas esgrimidas por los victimarios franquistas y por los luchadores por la democracia, víctimas éstos  de Terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad.
El PP y el PSOE siguen callados, al igual que el Tribunal Constitucional, dependiente de aquellos. Con su decisión,  están condenando a las “víctimas de la violencia  de motivación política”, a las otras víctimas,  a que no se sepa la verdad, al no reconocimiento, a la no reparación, a la injusticia. El proceso iniciado por la dictadura franquista con la eliminación física de miles de ciudadanos, entre ellos el asesinato de nuestro hermano, ha sido validado por esos partidos políticos y por los tribunales de la democracia con su negativa a ampararnos. Todo atado y bien atado.
Es imposible creer en una democracia que condena al OLVIDO institucional y social a aquellos que lucharon por una sociedad más justa y por un sistema de libertades y de derechos democráticos. Víctimas nuevamente. Víctimas de la dictadura y víctimas de un supuesto sistema democrático  que protege a los victimarios.
Asesinados durante la Guerra civil y el Franquismo, además de la desaparición física  supuso el fin de sus proyectos de vida, de sus ilusiones. Rotas las familias, estigmatizadas para toda la vida. Asesinados  de nuevo, esta vez durante la democracia española: eso es lo que supone la condena al OLVIDO.
El Tribunal Constitucional intenta cerrar el círculo. De momento nos queda Estrasburgo, y tal vez la justicia argentina.
Mariefi, Fermín y María José, hermanos de Víctor Manuel Pérez Elexpe.

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